jueves, 4 de diciembre de 2008

CONCEPTO

Se denomina economía sumergida o economía informal el sistema de intercambio de bienes que permanece ajeno al control del Estado. La mayoría de la población del mundo participa en algún grado en las economías sumergidas existentes a escala local. La economía sumergida en España e Italia representa más del 20% del PIB. En España significa una actividad superior a los 120 000 millones de dólares. El caso extremo en la Comunidad Europea es Grecia con más del 30% del PIB.

Hay ejemplos como la prostitución, los trabajadores sin contrato, las trabajos a domicilio sin factura, (véanse arreglos de fontanería, electricidad, etc.), en los que no se paga el IVA. También se podrían nombrar los sobornos, las mafias, piratería, las propinas, la mayoría de los gremios, talleres clandestinos, venta de sustancias ilegales etc.


La economía sumergida en España se cifraba en 2008 en un 23% del Producto Interior Bruto, lo que representaba el equivalente a 240.000 millones de euros.

Distintos estudios de varios organismos como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la Unión Europea situaba en dicho año la economía sumergida española en una horquilla comprendida entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a una media del entorno europeo diez puntos por debajo, sin tener en cuenta los datos de los aniguos países de este de Europa incorporados después de 1990.

Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda de España, las dos grandes bolsas de fraude existentes eran las operaciones de compraventa protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias, así como las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales. Así, la evasión fiscal en el sector inmobiliario representaba 8.600 millones de euros anuales en España. Según los mismos datos, el 95,8% de las compañías asentadas en España que facturaban entre 1,8 y 6 millones de euros (+/- 57.700 sociedades mercantiles) escapaban a los controles fiscales al no tener obligación de ser auditadas.

EL MERCADO GRIS

El mercado gris es un término anglosajón que se refiere al flujo de mercancías que se realiza a través de los canales de distribución diferentes a los autorizados por el fabricante o el productor. A diferencia del mercado negro, las mercancías 'grises' no son ilegales. A cambio, están siendo vendidas fuera de los canales de distribución normales por compañías que pueden no tener ninguna relación con el productor de las mercancías. Esto ocurre con frecuencia cuando el precio de un artículo es perceptiblemente más alto en un país que otro; esta situación ocurre comúnmente con los cigarrillos o equipos electrónicos tales como cámaras fotográficas. Los empresarios compran el producto donde está disponible a mejor precio, a menudo en la venta al por menor pero a veces también en el canal mayorista, la importan legalmente al mercado objetivo y la venden un precio por debajo del precio normal de mercado pero que proporciona un beneficio. La importación de ciertos artículos legalmente restringidos tales como drogas o armas de fuego sería categorizada como mercado negro, al igual que pasar de contrabando mercancías al país objetivo para evitar el pago de aranceles. Un concepto relacionado es el bootlegging, que implica normalmente la fabricación o distribución de mercancías falsificadas pero también describe la distribución ilegal de las mercancías muy reguladas, especialmente bebidas alcohólicas.

Las partes más relacionadas con el mercado gris de productos son generalmente los agentes o los importadores autorizados, o los minoristas de productos en el mercado objetivo. Ésta es a menudo la filial nacional del fabricante o una compañía relacionada, que es la concesionaria local de las marcas registradas del fabricante. La aplicación rigurosa de las leyes de la marca registrada para restringir los anuncios de el producto es así una táctica común usada para desalentar el marketing gris, junto con la negación de atender las garantías y la negación para tratar a los distribuidores y minoristas (y con productos comerciales, a los clientes) que comercian en mercado gris. Las leyes locales (o la demanda de cliente) que tienen que ver con la distribución y el empaquetado (por ejemplo, la lengua de las etiquetas, unidades de medida, y el desglose nutricional de los comestibles) se pueden traer a juego, al igual que las certificaciones nacionales de los estándares para ciertas mercancías. El desarrollo de los códigos regionales en DVDs y las técnicas regionales equivalentes al precinto para otros medios, son ejemplos de las características tecnológicas diseñadas para limitar el flujo de mercancías entre los mercados nacionales, luchando con eficacia contra el mercado gris que se desarrollaría de otra manera con ese producto. Inversamente, los esfuerzos internacionales de promover el libre cambio, incluyendo tarifas reducidas y estándares nacionales armonizados, facilitan el mercado gris donde los fabricantes procuran preservar la fijación de precios altamente diferenciada.

Garantías y productos de mercado gris.

El fabricante rechazará generalmente respetar la garantía de un artículo comprado de fuentes grises del mercado, considerando que el precio alto más elevado en el mercado legal refleja un nivel más alto de servicio. Esto es particularmente evidente en mercancías electrónicas. Los fabricantes pueden dar diferentes números de modelo en diversos países aunque las funciones de la máquina en particular sean idénticas. Cuando un fabricante identifica un producto en concreto como no destinado para ese país particular el comprador puede entonces buscar solamente el servicio de garantía de la filial del fabricante en el país previsto de importación, no en el tercer país en donde las mercancías grises son vendidas en última instancia por el distribuidor o minorista. Puesto que no exsite privacidad de contrato entre el fabricante y el consumidor, ni la garantía referida a la aptitud del producto ni a la comercialización son de aplicación en el marketing gris.



ARTICULO SOBRE LAS ECONOMÍAS SUMERGIDAS


EL PESO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA ROZA EN MELILLA EL 25% DEL VOLUMEN TOTAL.

Entre el 22 y el 25 por ciento del volumen total de la economía de Melilla tiene un carácter 'sumergido'. Es uno de los datos que se desprenden del informe elaborado por la consultora ZIES que ha encargado el área que dirige Daniel Conesa y con el que se trata de proporcionar un conocimiento actualizado de la dimensión, distribución, consecuencias y soluciones del fenómeno de la economía sumergida en la ciudad autónoma «con el fin de comprender mejor el funcionamiento de la economía melillense y proponer medidas que reduzcan su impacto negativo». Según se lee en ese informe, si bien son las regiones del sur de España en las que se da una mayor incidencia del trabajo irregular o informal que no se declara a Hacienda, en Melilla, «al igual que sucede en Ceuta», tiene un importante peso «que es difícilmente aprehensible estadísticamente», es decir, que es prácticamente imposible de calcular. De hecho, mientras que en otras regiones del país las actividades irregulares se sustentan en la construcción, en la ganadería o en la agricultura, la economía sumergida de la ciudad se explica en el comercio atípico «como la principal fuente», aunque no la única ya que el sistema actual está íntimamente relacionado «con un mercado laboral poco cualificado, sometido a la presión migratoria y segmentado en función del origen étnico y geográfico», y el hecho de que Melilla sea una ciudad con gran presencia de las administraciones «contribuye a la pervivencia de prácticas de informalidad empresariales y laborales» puesto que para muchos la economía sumergida pasa de ser un complemento a su única fuente de ingresos. Debilidades del sistema Realiza este estudio un análisis de las «debilidades» del sistema económico de Melilla y que, fundamentalmente, pasan por su limitación territorial, baja dotación de infraestructuras de transporte, un sector servicios que depende de Marruecos, un mercado laboral limitado, las actitudes empresariales «pasivas» y un estancamiento de la construcción. A estas cuestiones hay que añadir las «amenazas» del desarme arancelario del país vecino, la reducción de fondos estructurales como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea, la presión migratoria y el desfase formativo. Por el contrario, ambos parámetros se verían contrarrestados con el aprovechamiento de la situación geográfica de Melilla «como enclave europeo en el Magreb», el desarrollo de proyectos empresariales en Marruecos y con la oportunidad que supone el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo, el crecimiento del turismo, el Plan Estratégico y la oferta formativa. Asimismo, el informe elaborado por ZIES destaca que la economía sumergida provoca una mayor desprotección del trabajador y, según el estudio, esta realidad genera «cierta permisividad» entre los melillenses, de ahí que se apueste por la puesta en marcha de un plan que intensifique el control y la sanción, introduciendo cambios en el marco económico y normativo. Por último, se aportan una serie de actuaciones a corto plazo para luchar contra ese porcentaje de economía sumergida que existe en la ciudad autónoma y que pasan por la reducción de los niveles de fracaso escolar y de abandono del sistema educativo; controlar la subcontratación en las obras públicas; desarrollar programas de profesionalización del servicio doméstico; idear medidas específicas de inserción laboral para los trabajadores de baja cualificación y ejercer más control sobre el mercado de alquiler de viviendas. Alquileres no declarados En este punto, se subraya que se calcula que Ceuta y Melilla concentran, con un 82 por ciento, el mayor porcentaje de alquileres no declarados «que se explicaría en la población militar itinerante y en los inmigrantes, cuyos domicilios suelen ser provisionales». La consecuencia, concluye ZIES, es que existe un importante volumen de fraude fiscal en el mercado de alquiler inmobiliario, «que disminuye el volumen de ingresos de la Administración pública».